CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS – Competencia a prevención en acción de tutela / COMPETENCIA A PREVENCION – Procedencia en acción de tutela / ACCION DE TUTELA – Competencia a prevención / CONFLICTO DE COMPETENCIAS – Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Casanare Siendo el conocimiento de la acción de tutela, por el factor territorial, a prevención, debe entenderse que cuando la amenaza o violación de los derechos constitucionales fundamentales acaece en un lugar donde tienen jurisdicción varios jueces o tribunales, el juez de tutela será el escogido por la parte accionante, ya que la atribución para conocer queda radicada definitivamente en el lugar elegido por aquélla. En el presente caso la acción de tutela se dirige contra el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidades que cumplen su actividad en todo el territorio nacional, por lo que la tutela se podía presentar en cualquier parte del país, de conformidad con los argumentos expuestos. Entonces, como la accionante presentó su solicitud ante el Tribunal Administrativo del Casanare, le corresponde a esa corporación el conocimiento de la misma pues, por razón de la selección de la actora, se excluye a los demás tribunales, particular. NOTA DE RELATORIA: T-574 de 14 de diciembre de 1994 Corte Constitucional. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA Santa Fe de Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil (2000) Radicación número: C-653 Actor : DULLY AVILA HERNÁNDEZ Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y OTROS La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide el conflicto negativo de competencias surgido, en materia de tutela, entre los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Casanare. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública contenida en el artículo 86 de la Constitución Política, Dully Avila Hernández, por medio de apoderado, presentó acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana y al salario vital, móvil

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