CE-SEC1-EXP2001-NAP098

ACCION POPULAR – No es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial / EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL – No está previsto como causal de improcedencia de la acción popular / DERECHOS COLECTIVOS – Pueden ser quebrantados por actos, acciones u omisiones, lo puede implicar su examen de legalidad / ACCION POPULAR – Su ejercicio busca la protección de derechos colectivos En parte alguna de la Ley 472 de 1998 se regula, como sí sucede con el Decreto Ley 2591 de 1991 y la Ley 393 de 1997, frente a la acción de tutela y a la acción de cumplimiento, que la acción popular resulte improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales a través de los cuales también se puedan hacer efectivos los derechos conculcados. Por el contrario, del texto de las normas transcritas se desprende que el derecho o interés colectivo puede ser quebrantado por actos, acciones u omisiones de la entidad pública o del particular que desempeñe funciones administrativas, lo que significa que al resolver la controversia el juzgador se puede pronunciar sobre la legalidad de esos actos, acciones u omisiones. El hecho de que la situación aquí planteada también pueda resolverse a través de otra acción, como por ejemplo la de cumplimiento, no implica que deba acudirse necesariamente al ejercicio de ésta, pues lo que habilita la acción popular es el interés o derecho colectivo que busca protegerse. NOTA DE RELATORIA: Reitera proveído de 1º de febrero de 2001, Expediente AP-148, Actora: Fundación para la Defensa del Interés Público, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil uno (2001). Radicación número: AP-098 Actor: FRANKY URREGO ORTIZ Referencia: APELACIÓN INTERLOCUTORIO Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el actor contra el proveído de 24 de abril de 2001, proferido por la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda.

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