CE-SC-RAD2000-N776

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Sus servidores tienen derecho a la bonificación especial de recreación / BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN – Está vigente para los servidores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses De la compaginación de las normas transcritas se concluye en primer término que no existe oposición entre ellas; en efecto, mientras que conforme al decreto 451 de 1984 se establece una bonificación especial para el empleado que llegue a disfrutar de vacaciones y que consiste en dos días de su asignación básica, la que no se tendrá en cuenta para la “liquidación de sus prestaciones sociales”, el artículo 184 del decreto 2699 se refiere de manera general, “al régimen salarial y prestacional del Instituto de Medicina Legal”, lo que está comprendiendo lo referente a la bonificación especial de vacaciones por cuanto en el acto de su creación (decreto 451 de 1984) de manera expresa se dispone que “no se tendrá en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales”. Por último, el hecho de que en los decretos de liquidación del presupuesto nacional correspondientes a los años de 1992, 1993 y 1994 hubiese continuado figurando el rubro de “bonificación especial de recreación” lleva a que el propio Gobierno consideró vigente tal bonificación. Mal podía en oportunidad posterior y sin mediar una disposición legislativa expresa, acorde con la Constitución, desconocer este derecho a la bonificación para quienes venían disfrutando de ella. Levantada la reserva mediante auto del 16 de marzo del 2000 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: ROBERTO SUAREZ FRANCO Santa Fe de Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación número: 776 Actor: MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO El señor Ministro de Justicia y del Derecho formula a la Sala la consulta en los siguientes términos textuales: “… La Dirección General de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias y seccionales, se integró a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del Orden Nacional, adscrito a ella, dotado de personería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa.

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