54001-23-31-000-2007-00103-01(AC)

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA – Vulneración por error en la numeración de la cédula de ciudadanía / CEDULA DE CIUDADANIA – Instrumento necesario para la identificación del ciudadano y el acceso al ejercicio de sus derechos civiles y políticos / ACCION DE TUTELA – Control por parte del juez de la ejecución de la sentencia / JUEZ DE TUTELA – Control de la ejecución de la sentenciaEn criterio de la Sala resulta improcedente la solicitud del actor de que se le permita continuar identificándose con el número que aparece en el documento que le fue entregado dado que el número que realmente le corresponde es el que reposa en el archivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que se encuentra acorde con la época y el lugar de expedición del documento. La cédula de ciudadanía es el instrumento necesario para que todo ciudadano pueda identificarse y acceder al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. No puede permitirse que el actor continúe identificándose con un número que no le corresponde, cambiando el número que se le asignó a otro ciudadano, pues esta actuación sería claramente inviable dadas las condicio nes de lugar, tiempo y modo de expedición de las cédulas y los efectos nocivos que para el sistema de identificación implicaría. Empero, es un hecho cierto que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica del actor al expedir el 25 de septiembre de 1967 la cédula de ciudadanía que porta con un número errado que no es posible mantener el error porque el 10 de noviembre de 1986 le expidió otra cédula de ciudadanía con el mismo número al señor FAUSTINO TORRES SANTOS y esta obedece a los criterios de asignación de números que maneja la entidad. Como corolario de lo expuesto la Registraduría, en la sede que corresponde deberá reexpedir la cédula de ciudadanía del actor, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir del momento en que el actor se presente a la entidad a realizar los trámites a que haya lugar. En el mismo sentido exigir que el actor acuda con la certificación emitida por la entidad a todas las entidades para que corrijan los documentos en los que aparece el número de identificación errado constituye una carga adicional para éste, que no está obligado a soportar ya que deviene de una equivocación de la administración y, por tanto, es a ella a quien le corresponde tomar las medidas correctivas y sufragar los costos que impliquen. Dado que la labor del juez en sede de tutela no acaba en el momento de proferir sentencia porque debe garantizar el goce efectivo del derecho, y en algunos casos, como este, impartir una orden no es suficiente, el juez de instancia mantendrá el control de la ejecución de la sentencia, en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Para tal fin la Registraduría Nacional del Estado Civil le informará al juez sobre la ejecución de las medidas tendientes a verificar el cumplimiento del fallo.CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “B”Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTEBogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil siete (2007).-

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