44001-23-31-000-1996-0589-01(13624)

FALLA DEL SERVICIO POR DEMOLICION DE INMUEBLE – Inexistencia de señales preventivas Las pruebas incorporadas a la actuación permiten establecer que aproximadamente a las 9:00 a.m. del día 14 de julio de 1995, el señor Martín Emilio Camargo se acercó a observar los trabajos que efectuaba la administración de Riohacha en el vetusto mercado de esa municipalidad y a recoger algunos elementos sobrantes de la obra, cuando, para su infortunio, le sobrevino el derrumbamiento de una pared, que le causó la muerte de manera inmediata. Esta Corporación ha sostenido en diversas oportunidades que la entidad responderá por los daños causados a terceros durante la ejecución de las obras públicas, ya sea que las adelante con medios propios o mediante el concurso de un contratista, pues su titular es siempre la Administración lo que implica que debe cargar con la responsabilidad y la obligación de reparar los daños derivados de dicha actividad. En el caso concreto afianza aún más esa responsabilidad la forma como se adelantó la obra pública. En este sentido, testigos de los hechos que rindieron declaración dentro del proceso señalaron cómo el operador de la maquinaria fue reiteradamente advertido sobre el grave riesgo que conllevaba para la vida e integridad de quienes se encontraban al interior del mercado, la forma inadecuada en que ejecutaba la demolición, la cual carecía de señalización que indicara que se trataba de la destrucción de los muros del mercado. Igualmente, el acervo probatorio permite afirmar que en el lugar y en la fecha de los hechos que originan la presente reclamación no existía ninguna señalización, acordonamiento o, por lo menos, medidas restrictivas del ingreso al público. Para la Sala es claro que las señales preventivas en las obras cumplen la importante misión de advertir al público la existencia de un peligro, siendo deber primordial y carga ineludible para la Administración la observancia de la normatividad sobre la materia; constituiría una paradoja que el Estado expida un reglamento de seguridad para las construcciones y demoliciones pero que, cuando adelante trabajos en tal sentido considere inocuo el cumplimiento de estas normas bajo el deleznable argumento de tratarse de peligros evidentes para las personas, que hacen innecesaria su advertencia o prevención. Debe, entonces, concluir la Sala que en el asunto sub-lite se ha configurado la responsabilidad patrimonial del Estado al acreditarse los elementos que la originan, así: -Un título de imputación que, en el caso concreto, no es otro que la falla del servicio en que incurrió el Municipio de Riohacha al no adoptar medidas de seguridad para el público durante la demolición del antiguo mercado, constituyéndose dicha omisión en causa eficiente para la producción del daño. – Un daño antijurídico, consistente en la muerte del señor Martín Emilio Camargo Prado. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ocurrencia fueron debidamente acreditadas. – La relación de causalidad entre los dos anteriores, nexo que se evidencia al acreditarse que el deceso del señor Camargo Prado se produjo al derrumbarse una pared del antiguo mercado de Riohacha durante el irregular procedimiento de demolición ejecutado por un contratista de la entidad pública accionada. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA Consejero ponente: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dos (2.002)

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