11001-03-28-000-2001-0021-01(2501)

ACCIÓN DE NULIDAD – finalidad / ACCIÓN ELECTORAL – Finalidad. Causales de nulidad Tanto la acción pública de nulidad como la electoral persiguen la protección del orden jurídico vulnerado, por lo cual no existe razón alguna para restringir el ejercicio de la acción electoral a las causales de nulidad que le son propias, es decir aquellas que de una parte miran la legalidad y validez de los procesos electorales inherentes a los sistemas democráticos y de otra parte, a la adecuada representación de quien realiza una gestión en el sector público; de ahí que esta Sala haya admitido y reiterado que además de las causales de nulidad que en forma específica establecen los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad electoral también puede fundamentarse en cualquiera de las causales generales de nulidad previstas en el artículo 84 ibídem. Así entonces, sobre ese presupuesto la Sala analizará el primer cargo planteado en la demanda. NULIDAD ELECCIÓN DIRECTOR DE CAR – Improcedencia. Cargo es de período y por ende su provisión no se sujeta normas de carrera administrativa / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – Cargo de director no se sujeta a normas de carrera administrativa / DIRECTOR DE CAR – Cargo es de período y por ende su provisión no se sujeta normas de carrera administrativa / CARRERA ADMINISTRATIVA – Elección de director de CAR no está sujeto a este régimen La accionante considera que el acto de elección demandado se expidió desatendiendo la jerarquía normativa a que debía sujetarse, porque viola, entre otras normas de orden superior, el artículo 125 de la Constitución Nacional y en consecuencia el acto impugnado es nulo. El concepto de violación relacionado con el precepto superior transcrito (artículo 125 CP), puede concretarse en las afirmaciones de la demandante, consistentes en que el cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. no es de carrera, porque el nombramiento se hace para períodos de tres (3) años y que por haber exceptuado los empleos de período fijo del régimen de carrera administrativa, no puede deducirse que equivalen a de libre nombramiento; a manera de conclusión y para apoyar tales asertos, señaló que los empleados de las Corporaciones Autónomas Regionales fueron ubicados en el campo de aplicación de la Ley 443 de 1998, normatividad que regula la carrera administrativa. Veamos entonces si, como dice la demandante, el acto acusado debió fundarse en la norma constitucional transcrita. El artículo 125 de la Constitución Nacional prevé una regla general, consistente en que para la provisión de empleos en todos los órganos y entidades del Estado se deben aplicar las normas sobre carrera administrativa, pero así mismo es claro que el aludido precepto también establece unas excepciones constituidas por los empleos que allí mismo señala y por los demás que la ley llegare a determinar. En desarrollo de la atribución que el Constituyente le otorgó al legislador en la norma referida, éste incluyó dentro de la última categoría de funcionarios exceptuados del régimen de carrera administrativa, a los empleos de período, tal como indica el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 443 de 1998. La Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, prevé en su artículo 28 que el Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales será designado por el Consejo Directivo de la entidad, para un período de tres (3) años, contados a partir del 1° de enero de 1995, siendo reelegible. Del contenido de las normas citadas se infiere sin mayor esfuerzo que

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