ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Naturaleza. Generalidades / ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Competencia del Consejo de Estado / PODER REGLAMENTARIO – Clases / DECRETOS REGLAMENTARIOS – Clases / DECRETO REGLAMENTARIO – Control judicial / DECRETO REGLAMENTARIO – Acción de nulidad por inconstitucionalidadLos Jueces Administrativos, los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, son jueces constitucionales en virtud del control de legalidad (y constitucionalidad) que deben ejercer sobre todos los actos administrativos, en la forma prevista por el legislador; y el Consejo de Estado es de manera privativa, juez constitucional de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional cuyo conocimiento no corresponda a la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241 de la Carta Política (artículo 237 numeral 2 constitucional). En este panorama, surge entonces la inquietud de qué acción judicial resulta pertinente para cuestionar la inconstitucionalidad de los instrumentos jurídico – normativos, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La respuesta dada por el legislador fue: la acción de nulidad; toda vez que, en la primera de las hipótesis advertida, se trata de un juicio de legalidad que en virtud del principio de supremacía de la Constitución se extiende al de constitucionalidad; y, en la segunda, el texto político hace expresa alusión a la procedencia de esta acción y como consecuencia, con ocasión de la existencia previa de un Código Contencioso Administrativo que debió acomodarse a los mandatos constitucionales, se encontró, en este tipo de acción ordinaria, el instrumento procesal idóneo para dar desarrollo a la prescripción constitucional referida. A partir de la vigencia de la Ley 270 de 1996, le correspondía a la Sección respectiva del Consejo de Estado conocer en única instancia de las acciones de nulidad que se interpusieran para cuestionar la inconstitucionalidad (exclusiva o concomitante con la ilegalidad en sentido formal) de cualquier acto administrativo proferido por una autoridad del orden nacional, así como la ilegalidad (en sentido formal) de los Decretos proferidos por el Gobierno Nacional; mientras que le correspondía a la Sala Plena de lo contencioso administrativo, conocer de los cuestionamientos de inconstitucionalidad (exclusivamente) contra estos últimos. El mandato constitucional contenido en el numeral 2 del artículo 237 constitucional, se continuó cumpliendo, habida cuenta que es el Consejo de Estado la Corporación que conoce de las acciones de nulidad que se interponen por inconstitucionalidad contra los Decretos del Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Lo que cambió con la Ley 446 de 1998, fue la distribución de competencias al interior del Consejo de Estado, de manera que los cuestionamientos de inconstitucionalidad de algunos de los Decretos referidos en esta disposición constitucional, resultan de conocimiento de la Sala Plena y otros, de las distintas Secciones de conformidad con la distribución de materias. Del género de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional que no son objeto de control por parte de la Corte Constitucional, (como lo son los decretos leyes y decretos legislativos), vale la pena advertir que aquellos que constituyen desarrollo directo de la Constitución Política no pueden en estricto sentido catalogarse como ejercicio de la “función administrativa”, mientras los que en cumplimiento del numeral 11 del artículo 189 constitucional, son expedidos por el Presidente de la República, constituyen sin duda alguna, un típico ejercicio de la función administrativa. En lo referente en cambio, a los que deben conocer las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en razón de la distribución material de funciones, se advierte, que estas son competentes en única instancia, de las acciones de nulidad en las cuales se discuta la inconstitucionalidad (de manera exclusiva o concomitante con la ilegalidad en un sentido formal) en primer lugar, de los Decretos proferidos por el Gobierno

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