CE-SEC4-EXP2001-NAP054

ACCION POPULAR / MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Concepto / DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Son conductas reprochables tanto las inmorales como las ilegales / MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Vulneración por los sobrecostos de contratación / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA – Comprende el impecable manejo de bienes y dineros públicos La moralidad administrativa como derecho colectivo no se encuentra definida en la Ley 472 de 1998, dado que al desarrollar las acciones populares y de grupo, sencillamente se limita a reconocer su carácter de derecho colectivo (artículo 4). Sin embargo, y consciente de que en muchas oportunidades las definiciones no son siempre deseables porque con las palabras se imponen limitaciones artificiales a la realidad, la Sala, partiendo del fallo de la Corte Constitucional No T-503 de 1994, y acogiendo la definición de moral que en el mismo se hace, ha dado en definir la moralidad administrativa como el conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social. En el campo de la moralidad administrativa existen conductas no solo generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y hasta penalmente sancionadas, tales como el cohecho por dar u ofrecer, el tráfico de influencias y la celebración indebida de contratos. Así mismo, el artículo 40 de la Ley 472 de 1998 reconoce como acto de inmoralidad administrativa, por ejemplo, los sobrecostos en la contratación. Esa transparencia de la actividad del Estado implica, entre otros aspectos, el impecable manejo de los bienes y dineros públicos en beneficio de todos, y si todos somos los beneficiarios y por qué no, si constitucionalmente se tiene el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95 ib), uno de los derechos correlativos es el de reclamar la debida transparencia en su manejo, puesto que es elemental que repugne a los asociados no sólo que se haya defraudado su confianza, sino que se hayan malversado sus fondos, porque suyos y para su beneficio son. ACUERDOS DE PAGO ENTRE LIQUIDADOR Y ACREEDORES – No vulnera la moralidad administrativa por no ser de interés general / INTERES COLECTIVO – Su carácter se deriva del interés de toda la comunidad / MASA DE LIQUIDACIÓN – No se ve afectada por los acuerdos de una entidad en liquidación So pretexto de la violación a la moralidad administrativa pretenden la parte actora y los coadyuvantes es que se anulen los acuerdos de pago suscritos entre el liquidador y algunas personas naturales y jurídicas, constitutivos de compensaciones prohibidas a la luz del artículo 301 No 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y la reversión de los cruces y compensaciones hechas con unos cuantos acreedores en desmedro de los demás, para así mejorar la masa de la liquidación y que se respete el principio de la igualdad de los acreedores, lo que pone en evidencia que no se trata de intereses colectivos o generales, sino de la suma de algunos o muchos intereses individuales: los de los acreedores de la cooperativa en liquidación. En la presente oportunidad, el interés no es general, por cuanto la nulidad de los actos del liquidador con el fin de recuperar para la masa de la liquidación los activos irregularmente negociados, se hace en beneficio particular, esto es, en beneficio de los acreedores de la masa, conclusión que no cambia por el hecho de que sean muchos o pocos los acreedores y que dentro de los mismos haya o no entidades públicas que sirven a

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