RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL – Inmovilización de aeronave y vinculación a un proceso penal por narcotráfico / FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL – Cesación de procedimiento en investigación penal por narcotráfico / PERJUICIOS MORALES – Reconocimiento de veinticinco salarios mínimos por vinculación a investigación penal por narcotráfico en la cual se dictó cesación de procedimientos / CESACION DE PROCEDIMIENTO – Pago de perjuicios morales Es conocido que el Estado tiene, en y para el cumplimiento de sus cometidos, competencias que permiten que las personas y sus bienes puedan estar sometidas administrativa y judicialmente a procedimientos que buscan definir el estado de certeza sobre ciertas situaciones, entre otros. Y aunque esas actuaciones se realicen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, es decir legalmente, y aunque los administrados las deben soportar – porque toda persona está obligada a cumplir la Constitución y la ley –, rompen en algunas oportunidades por su naturaleza el principio de igualdad frente a las cargas públicas y pueden causar daños resarcibles. El rompimiento de igualdad de las cargas públicas refiere, de una parte, al padecimiento de una carga mayor por parte de algunos administrados que tiene como fin el mantenimiento del orden social y, de otra, el derecho que tiene quien la soportó injustificadamente, en aras del buen funcionamiento de la Administración de justicia (art. 95 num 7 C.N), a ser indemnizado. La demanda, vista integralmente pidió indemnización por la aflicción que le produjo la avería del bien y el proceso por narcotráfico adelantado en su contra, dentro del cual se demostró su inocencia. Con la prueba testimonial indicada se demostró únicamente el dolor sufrido por el demandante a consecuencia de verse vinculado a una investigación penal relacionada con narcotráfico; los testigos en lo fundamental señalaron que el actor entró en un estado de zozobra, de decaimiento de su ánimo y que socialmente la vinculación del mismo con el narcotráfico repercutió notablemente en las relaciones sociales y en el buen nombre del demandante. Esas declaraciones unidas a la prueba documental relativa a las decisiones sobre cesación de procedimiento por haberse demostrado la inocencia del actor, dan certeza al Consejo de Estado sobre la existencia del daño moral y, en consecuencia, del derecho del demandante a ser indemnizado. De acuerdo a lo anterior, la Sala fijará el quantum indemnizatorio relacionado con el daño que tuvo debida comprobación en el proceso, para el efecto tendrá en cuenta la nueva jurisprudencia de la Sala, contenida en la sentencia proferida el día 6 de septiembre de este año, expedientes 13232 y 15646 acumulados. Por consiguiente teniendo en cuenta esa jurisprudencia y además que la investigación penal duró dos años aproximadamente, que la investigación fue por narcotráfico y la repercusión social de la misma se fijarán como indemnización la suma de $7’150.000,oo que corresponden a 25 salarios mínimos mensuales legales del año en curso. El valor del salario fue fijado en $286.000 por el decreto 2.570 de 2000. PERJUCIOS MATERIALES – Lucro cesante por capital inmovilizado / LUCRO CESANTE – Capital inmovilizado tiene como mínimo una renta legal anual de seis por ciento / CAPITAL INMOVILIZADO – Tiene como mínimo una renta legal anual del seis por ciento Para la Sala como el demandante aludió a que esos hechos – inmovilización de la aeronave de propiedad del demandante y con su vinculación a un proceso penal – y sus pruebas representan una retención prolongada por más de dos años, entiende que afirma, desde otro punto de vista, la causación de daño emergente y, en consecuencia, pide la indemnización de perjuicios. El demandante no demostró que tuviese la aeronave en estado productivo, pues confesó que estaba en estado de

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