73001-23-31-000-1999-1625-02(6114)

PRESUPUESTO MUNICIPAL – Decreto de liquidación / DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO – Debe clasificar y definir los ingresos y gastos sin introducir nuevos ingresos o gastos ni variar o derogar los ya aprobados Sabido es que, conforme al artículo 61 del Decreto núm. 360 de 1995 (Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación), aplicable en materia departamental y municipal, en la preparación del Decreto de Liquidación del Presupuesto se deben tener como pautas: a) el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo a consideración del Legislativo; b) las modificaciones que éste le haya hecho y c) dicho Decreto debe estar acompañado de un anexo que contendrá el detalle del gasto. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 224 de 1995, el Ejecutivo en el Decreto de Liquidación del Presupuesto debe clasificar y definir los ingresos y gastos; y cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas o subprogramas que no correspondan a su naturaleza, podrá ubicarlas en el sitio respectivo. Frente al alcance de esta disposición la Corte Constitucional en sentencia de 21 de noviembre de 1996 (Expediente D-1321, Actor: Jaime Homero Corredor Duque, Magistrado ponente doctor Carlos Gaviria Díaz), precisó que la atribución allí contenida es organizativa y en ningún momento le permite al Ejecutivo introducir nuevos ingresos ni gastos ni variar o derogar los ya aprobados por el legislativo, sino que simplemente busca corregir las imprecisiones en las que se haya incurrido al expedir el acto aprobatorio del presupuesto, para dar cabal cumplimiento al principio de especialización. PRESUPUESTO MUNICIPAL – Facultad del Concejo para introducir modificaciones que de no ser objetadas deben ser acatadas por el Decreto de liquidación / DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO – Nulidad parcial por contener variaciones no autorizados por el Concejo Si bien es cierto que corresponde al Alcalde presentar el proyecto de presupuesto, no lo es menos que el Concejo Municipal está facultado constitucional y legalmente para introducirle modificaciones al mismo, las cuales, de no haber prosperado las objeciones propuestas, deben ser acatadas por aquél en el respectivo Decreto de Liquidación. No existe elemento de juicio alguno en el expediente que demuestre que la Alcaldía de Anzoátegui le hubiera formulado objeciones al Acuerdo contentivo del presupuesto para la vigencia fiscal de 1999, aprobado por el Concejo de dicho Municipio, por lo que si existen dos proyectos, uno respaldado por la Alcaldía y otro por el Concejo, forzoso es concluir que el avalado por este último corresponde a las modificaciones que constitucional y legalmente puede introducirle al presentado por el Ejecutivo. De la confrontación del acto acusado con el Acuerdo a través del cual se aprobó el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Anzoátegui para la vigencia fiscal de 1999 y el proyecto presentado por la Alcaldía de Anzoátegui con sus correspondientes modificaciones efectuadas por el Concejo, surge de manera evidente que aquél contiene variaciones no autorizadas por éste, por lo que era del caso, como lo hizo el a quo, acceder a la declaratoria de nulidad del artículo 2º Del Decreto 040 de 31 de diciembre de 1998, acusado. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil uno (2001).

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