68001-23-15-000-2006-02059-01(PI)

INDEBIDA DESTINACION DE DINEROS PUBLICOS – Sentido y alcance: casos en que se configuraLa causal de indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. En efecto, en sentencia de 3 de octubre de 2000 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo precisó: “ […]. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos: cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”.CONCEJAL – Pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos / INDEBIDA DESTINACION DE DINEROS PUBLICOS – Por omisión en firma de los actos del Concejo por parte de la Mesa Directiva y secretario no se configura / OMISION EN FIRMA DE ACTOS DEL CONCEJO – No constituye causal de pérdida de investidura / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCION – Descripción del comportamiento prohibido y de la sanción como garantía constitucional / ACUERDOS DEL CONCEJO QUE IMPLICAN GASTO – La omisión en firma de la Mesa Directiva no constituye causal de pérdida de la investidura / PAGO DE ANTICIPO EN CONTRATOS ESTATALES – Al estar autorizado en Ley 80 no constituye indebida destinación de dineros públicosSe argumenta que los Concejales JOSÉ ANTONIO PORTILLA VILLAMIZAR y MARTÍN ANTONIO PÁEZ QUIROZ incurrieron en indebida destinación de dineros públicos, por estas razones: 1) Suscribieron las Resoluciones 149, 150, 151 (16 de enero), 172 (27 de febrero), 182, 183 (28 de marzo) de 2006 que ordenaron comisiones, pagos de viáticos y gastos de viaje que afectaron el patrimonio de la corporación, contraviniendo así el artículo 7º del Acuerdo 016 de 2001 del Concejo de Girón. 2) Pagaron anticipos del cincuenta por ciento (50%) de los contratos celebrados con los señores LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA y JUAN CARLOS LAITON MORENO. El artículo 7º del Acuerdo 016 de 2001 del Concejo de Girón dispone: “ […]. ARTÍCULO 7º. ACTOS DEL CONCEJO: (Artículo 83 de la Ley 136 de 1994) Son actos del Concejo los acuerdos municipales, las resoluciones y proposiciones. Estas últimas que se suscribirán por la mesa directiva y el secretario de la corporación. Según el artículo trascrito las proposiciones son los únicos actos del Concejo que deben estar suscritos por la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación. Aunque el reglamento interno del Concejo estableciera como requisito la firma de la Mesa Directiva y del Secretario de la Corporación en todos sus actos, esta conducta por sí sola no constituiría el supuesto fáctico de la causal, pues no implica distorsión de las finalidades ni superfluidad o ilicitud del gasto. En Sentencia de 17 de mayo de 2002 la Sala sostuvo que debe existir una normativa específica que expresamente prevea que la comisión de una determinada conducta se sanciona con pérdida de la investidura: “ … En desarrollo del principio constitucional de la legalidad de la

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