68001-23-15-000-2000-1684-01(AP-085)

IMPUESTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO – No es ilegal su cobro por estar vigente el Acuerdo Municipal que lo establece / ACCION POPULAR EN IMPUESTOS – No es procedente por no estar establecida para definir la legalidad de actos administrativos / DERECHO A LA IGUALDAD – No es vulnerado al cobrarse un impuesto plenamente vigente Se infiere, que la presunta vulneración de derechos colectivos se presenta por la aplicación indebida de una disposición que ha perdido su fuerza ejecutoria por su derogatoria tácita, según el actor. No puede confundirse el pago que los municipios hacen a las empresas por el servicio de alumbrado público, con el Impuesto por el Servicio de Alumbrado Público a cargo de los habitantes, pues éste último tiene una regulación constitucional y legal especial, de donde resulta claro que en materia tributaria, la Resolución de la CREG no tiene la fuerza para derogar la ley. Para la sala es claro que el Municipio de Bucaramanga no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos invocados, pues el cobro del impuesto se ha hecho con fundamento en el Acuerdo 090 de 1987, expedido por el Concejo, el cual goza de presunción de legalidad por no haber sido declarado nulo, ni haberse suspendido provisionalmente. Precisó el apelante, que el objetivo de la acción es la situación de desigualdad, conforme al artículo 13 de la Constitución Nacional, que genera el cobro del impuesto de alumbrado público, porque los usuarios del sector comercial de la ciudad de Bucaramanga se ven compelidos a pagar una tarifa del 15% sin que exista un tope máximo, mientras que los del sector industrial no cancelan más de un salario mínimo legal vigente, aplicando una tarifa del 5%. Sobre este punto, se insiste en que el cobro se realiza con fundamento en el Acuerdo 090 de 1987, que goza de presunción de legalidad, por lo que si el demandante estima que este acto administrativo es contrario al artículo 13 de la Constitución Nacional, no era procedente que acudiera a la acción popular, la cual busca la protección de derechos de la colectividad y no ha sido establecida para definir la legalidad de los actos administrativos, cuando existen otras acciones como la pública de nulidad, incluso con medidas como la suspensión provisional del acto administrativo, que protegen adecuadamente la supremacía de las normas constitucionales y legales, en caso que sea procedente. No se observa que la parte demandada haya vulnerado derechos relacionados con los consumidores y usuarios, ni la moralidad administrativa, pues el recaudo del Impuesto del Servicio de Alumbrado Público se ha realizado con fundamento en disposiciones del Concejo Municipal, que gozan de presunción de legalidad. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejera ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001) Radicación número: 68001-23-15-000-2000-1684-01(AP-085) Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL SANTANDER Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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