68001-23-15-000-2000-0900-01(19818)

PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL – Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en controversias derivadas de los contratos estatales Con relación a la competencia de esta jurisdicción para conocer de procesos ejecutivos, se tiene que, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales, esto es, de aquellos en los que, al menos una de las partes, es una entidad estatal, es decir, de aquellas definidas como tales en el numeral 1 y en el parágrafo único del artículo 2° de esa misma ley, entre las cuales, para los fines del presente asunto, entre otras se encuentran los establecimientos públicos, lo mismo que las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, como es precisamente el caso de la entidad demandante. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL – Falta de documentos de la escritura de la protocolización / ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL – Infracción por falta de documentos que demuestren origen y existencia del crédito De los documentos obrantes en el proceso en modo alguno puede sostenerse que constituyen título ejecutivo en contra de la entidad demandada, por las siguientes razones: -La escritura pública de protocolización del pretendido silencio administrativo a favor de Coopguanentá Ltda. carece de los siguientes soportes: -Certificado de existencia y representación legal de quien dice actuar como tal respecto de la citada entidad. -Los convenios interadministrativos números 001, 002 y 004 de 1997 celebrados entre las partes, y sus correspondientes modificaciones. -Las constancias de ejecución y recepción a satisfacción de los trabajos contratados por la entidad demandada. Por consiguiente, no existe certeza acerca de la existencia de la obligación dineraria cuya cancelación reclama la parte ejecutante con la demanda, toda vez que no está demostrado en debida forma el origen y existencia del crédito que cobra la ejecutante, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad contratista que permita establecer el nacimiento del derecho crediticio que persigue la entidad demandante y la exigibilidad actual del mismo. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL – Sólo es admisible por peticiones en el curso de la ejecución del contrato y no posteriores a dicha ejecución Las peticiones respecto de las cuales la entidad demandante pretende la ejecución del silencio administrativo positivo, fueron elevadas por ésta a la entidad demandada luego de que tuviera lugar la ejecución de los respectivos contratos, según aparece expresamente consignado en la segunda de las declaraciones que contiene la respectiva escritura pública de protocolización, circunstancia bajo la cual no tiene aplicación la figura jurídica que sobre el particular consagra el numeral 16 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, ya que el silencio administrativo positivo establecido en dicha norma se predica respecto de las peticiones que los contratistas dirigidas a las entidades estatales “en el curso de la ejecución del contrato”, mas no frente a toda clase de solicitudes, como ocurre en el presente caso, en donde las peticiones de Coopguanentá Ltda. fueron presentadas con posterioridad a dicha ejecución.

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