50001-23-31-000-2001-0442-01(6829)

PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE DIPUTADO – La ley aplicable es la ley 144 de 1994 / PRINCIPIOS GENERALES DE INTERPRETACIÓN – Aplicación / PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE DIPUTADO – Competencia de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado / RECHAZO DE LA DEMANDA – Improcedencia por aplicación del procedimiento sobre pérdida de la investidura de congresistas y concejales / DIPUTADO – Pérdida de la investidura En virtud del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, promulgada el 9 de octubre de 2.000, se reguló el proceso de Pérdida de Investidura de Diputados, estableciendo expresamente las causales de desinvestidura, y adscribiendo la competencia para conocer y decidir dicha acción al Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento, y radicó en el Consejo de Estado la órbita de competencia atinente a la segunda instancia de los referidos procesos. Es cierto que el precepto mencionado no señaló en forma expresa la ritualidad bajo la cual se adelantaría el proceso disciplinario en cuestión, pero ello no constituye óbice para acometer, acudiendo a los principios generales de interpretación y bajo la premisa esencial de protección del derecho de defensa, al marco legal aplicable a la misma materia tratándose de congresistas y de concejales, esto es, a la Ley 144 de 1.994. Así lo entiende esta Corporación, no solo porque corresponde a los principios que gobiernan la hermenéutica jurídica en el sistema colombiano, cuya consagración data del año de 1.887, sino porque la ausencia del señalamiento explícito que echa de menos el Tribunal, de ninguna manera impidió que, con antelación a la Ley 144 de 1.994, el Consejo de Estado conociera y definiera diversas solicitudes de esta naturaleza. De esta manera, resulta inadmisible la determinación de rechazo adoptada por el Tribunal, toda vez que en sí misma, tal decisión equivaldría a la consagración del efecto inútil del mandato del legislador, hipótesis que no resiste análisis alguno, menos aún bajo la preceptiva de la Constitución Política de 1.991, y en particular, del mandato consagrado en el artículo 299 de la Carta. Y el procedimiento por el que debe rituarse el proceso debe ser el desarrollado en la Ley 144 de 1994 por ser un proceso de naturaleza especial por el que se tramitan en la actualidad las Pérdidas de Investidura de Congresistas y de Concejales. También, en providencia de octubre 17 de 2.000 al definir la competencia del Tribunal Administrativo de Sucre para el conocimiento de la solicitud de Pérdida de Investidura impetrada en contra del diputado a la Asamblea de Sucre, se pronunció esta Corporación en Sala Unitaria, entendiendo, para efectos del trámite, la existencia de remisión a la Ley 136 de 1.994. NOTA DE RELATORIA: Reitera proveído de Sala Plena del 17 de octubre de 2000, Exp. PID-002 c.p. Camilo Arciniégas A. Y providencia de Sala Unitaria del 17 de octubre de 2000 C.P. Gabriel E. Mendoza M., sobre competencia funcional respecto a la acción de pérdida de la investidura de diputados y sobre remisión al trámite de la ley 136 de 1994, respectivamente. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO Bogotá D. C., marzo veintitrés (23) del año dos mil uno (2001)

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