41001-23-31-000-2001-1437-01(AC)

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA – La vía natural es la acción ejecutoria pero en tratándose de derechos fundamentales es procedente la tutela / REINTEGRO ORDENADO MADIANTE SENTENCIA JUDICIAL – Procedencia de la tutela para su cumplimiento Lo que estaría pendiente por cumplir de dicha sentencia sería el reintegro ordenado. Al respecto cabe señalar que la Corte Constitucional en relación con el reintegro ha sostenido que no obstante que para obtener el cumplimiento de sentencias judiciales, el ordenamiento jurídico tiene prevista, en principio, una vía general, como lo es la contenida en el artículo 488, este mecanismo judicial no goza de la misma efectividad que la acción de tutela, toda vez que en tratándose de derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, o el derecho al trabajo, la iniciación y culminación de un proceso ejecutivo no es el medio más adecuado ni expedito para que ellos dejen de ser quebrantados, por parte de la Administración Pública renuente al efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales. NOTA DE RELATORIA: Cita sentencias T-478/96 y T-633/01 de la Corte Constitucional. REINTEGRO A CARGO SUPRIMIDO – Ante imposibilidad fáctica y jurídica solo debe pagarse salarios y prestaciones hasta la fecha en que se notifique dicha circunstancia / SUPRESION DE CARGOS – Obedece al principio de servicio a los intereses generales de la función administrativa / ACCION DE TUTELA – Improcedencia del reintegro por supresión de cargo En igual sentido se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación : “… La supresión de cargos obedece a la modificación de las plantas de personal de las entidades estatales, como consecuencia de la adaptación a una nueva estructura orgánica y a la redistribución de competencias y recursos, que deviene del principio constitucional según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales (art. 209). La decisión judicial que ordena el reintegro a un cargo suprimido en el marco de un proceso de reestructuración administrativa hace imposible, en principio, el reintegro al empleo que ocupaba el demandante, con mayor razón si en la nueva planta de personal no existen cargos equivalentes al suprimido. Si no existe el cargo, tampoco hay funciones por cumplir, lo que conduce, en aplicación de un criterio de razonabilidad y para evitar que se produzcan consecuencias absurdas, a que no se justifique la permanencia del servidor en la administración y a que carezca de causa legal para devengar salario; de no entenderse así se desconoce la prohibición del artículo 122 de la Carta, según el cual no puede existir empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. Por ello, debe darse prevalencia al interés general que conlleva el ejercicio de la facultad de reestructuración administrativa, orientando a la racionalización del gasto público y a la eficiencia y eficacia en la gestión pública. En este caso, ante la imposibilidad del reintegro, el derecho particular del demandante encuentra satisfacción en el reconocimiento de los salarios dejados de devengar desde el momento de la supresión del cargo hasta la notificación del acto administrativo que determine las causas que imposibilitan el reintegro ordenado. Lo contrario sería mantener indefinidamente una obligación de hacer que se tornaría irredimible y que desnaturalizaría el objetivo de la supresión del empleo, como es la racionalización del gasto público…”. De acuerdo con lo anterior en el caso sub examine no sería procedente la acción de tutela, toda vez que el cargo al cual se pretende reintegrar al actor no existe por haber sido suprimido, razón por la cual se está en presencia de una imposibilidad fáctica y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia, a la que aluden las providencias

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