41001-23-31-000-2000-3764-01(AP-023)

ACCION POPULAR – Incentivo / INCENTIVO ECONOMICO – Es un asunto negociable aunque su existencia no depende de la voluntad de las partes Aunque es cierto que las acciones populares no tienen por objeto la satisfacción de ningún beneficio pecuniario sino “la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos de su resquebrajamiento” y que el interés de solidaridad es el que debe motivar a los ciudadanos a interponerlas, también lo es que la ley ha establecido una compensación a la carga adicional que asumen las personas que ejercitan una acción en beneficio de la comunidad y no en el mero interés individual. El derecho a recibir un estímulo económico por el ejercicio de acciones populares tiene antecedentes legales claros. El artículo 1005 del Código Civil lo fija en el equivalente a “una suma que no baje de la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”. El estímulo económico previsto en la ley para el actor no está concebido como un castigo para la entidad o persona renuente a cesar en la vulneración de los derechos e intereses colectivos, sino como una compensación por la labor altruista del actor, así dicha suma deba pagarse a costa de la entidad o persona responsable de la vulneración. Por eso, ha considerado la Sala que el incentivo procede a pesar de que la entidad demandada se allane a cumplir el deber demandado por el actor, en la primera oportunidad procesal. La realización del pacto “no implica que la labor del demandante haya sido menos diligente, pues su actuación en esa audiencia fue necesaria para esa conciliación”. Si bien la culminación anticipada del proceso a través de un pacto de cumplimiento no incide sobre el derecho a la compensación, sí es determinante para la fijación de su cuantía, que según la ley oscila entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. La actitud de la parte demandada debe ser valorada por el juez para este efecto. El derecho a la compensación no surge por voluntad de las partes sino del mandato legal y su cuantía la establece el juez de manera discrecional. Se precisa en esta oportunidad que el derecho al incentivo económico si es un “asunto negociable”, aunque su existencia no depende de la voluntad de las partes. En otros términos, si bien el derecho que tiene el actor a obtener un incentivo económico no surge de la liberalidad de la parte demandada sino de la ley y por lo tanto, si su procedencia y cuantía no fueron objeto de acuerdo en la diligencia de pacto de compromiso, el juez que apruebe dicho pacto debe determinar el valor de la compensación, esto no significa que el actor no pueda renunciar a ese derecho, pues el mismo sólo mira al interés individual del renunciante y no está prohibida tal renuncia (art. 15 Código Civil). En consecuencia, no existe ningún impedimento para que las partes convengan como parte del pacto de cumplimiento que no se pagará el incentivo económico al actor o que ese incentivo será inferior al fijado en la ley. Pero en tal caso, debe quedar constancia de la renuncia expresa del actor. En este orden de ideas, considera la Sala acertada la decisión del Tribunal en cuanto concedió en favor del actor el incentivo económico a que se refiere el artículo 39 de la ley 472 de 1998, porque en el caso presente el actor no renunció a su derecho, pues se limitó a aceptar el compromiso de la parte demandada, sin expresar su conformidad o inconformidad con la negativa de la Caja de Compensación a reconocerle dicho incentivo y de los términos en que manifestó su aprobación al compromiso, tampoco puede entenderse que hubo una aceptación tácita a ese respecto. Nota de Relatoría: Ver sentencias C-215/99 de la Corte Constitucional; AP-007 de 2 de diciembre de 1999 y AP-125 del 19 de octubre de 2000 del Consejo de Estado.

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