41001-23-31-000-1994-7784-01(1767-01)

RETIRO DEL SERVICIO / INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES / REINTEGRO – Solicitud improcedente / NOTIFICACIÓN – Falta de la misma / INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – Evolución normativa / PENSION DE INVALIDEZ – Irregularmente reconocida en forma oficiosa / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procedencia Según lo expuesto son dos los problemas jurídicos a resolver. El primero, establecer si la demanda presentada es inepta, por las razones aducidas por el Tribunal. Y el segundo, determinar si la resolución No. 000348 de 1994 expedida por el Gerente del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Huila, mediante la cual se retiró del servicio a la señora MARIA IDALY POLANIA DE GUTIERREZ fue expedida conforme a derecho o si como lo afirma la parte demandante la misma es anulable por los cargos señalados en la demanda. Del recuento probatorio relacionado se establece que el Instituto de los Seguros Sociales retiró del servicio activo a la demandante señora MARIA IDALY POLANIA DE GUTIERREZ, mediante resolución No. 000348 del 29 de marzo de 1994, motivando su retiro en el hecho de que se le reconoció una pensión por invalidez permanente total de origen no profesional. La notificación de la resolución en comento no cumplió con los preceptos del artículo 44 del C.C.A., concretamente, no se probó que la administración haya efectuado la notificación personal o, por lo menos, que lo haya intentado tal como lo ordena el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. Al no estar debidamente notificada, la demandante estaba facultada para demandar sólo la resolución que la retiró del servicio, previa ocurrencia del silencio administrativo negativo porque, al momento de presentar la demanda, no le se le había notificado la decisión respecto de la reclamación presentada. Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la providencia recurrida y en su lugar entrará a resolver el fondo del asunto. Entrando al fondo del asunto, se tiene que la parte demandante pretende la anulación de la resolución que la retiró del servicio por una incapacidad laboral decretada en tanto fue expedida con falsa motivación, desviación de poder, incompetencia y violación normativa. Aplicando la sentencia al caso concreto (C-579 de 1996, Corte Constitucional) y respetando las situaciones consolidadas, la demandante era funcionaria de la seguridad social vinculada por una relación legal y reglamentaria al momento de su retiro del servicio y de la presentación la demanda, por lo cual esta jurisdicción era la competente para definir si su retiro se efectuó conforme a derecho. Conforme a los anteriores planteamientos para la Sala es claro que el acto administrativo acusado es anulable por expedición irregular ya que retiró del servicio a la actora cuando el procedimiento administrativo de calificación de invalidez y reconocimiento pensional no se encontraba terminado. La irregularidad que cometió la entidad demandada al disponer el retiro de la actora antes de que se hubieran resuelto los recursos interpuestos contra la resolución que reconoció la pensión de invalidez y, especialmente, al ejecutar un acto administrativo que no se encontraba en firme, contrariando el artículo 65 del C.C.A., lesiona las garantías legales y constitucionales del debido proceso. Además de lo anterior, la resolución se encuentra viciada de falsa motivación porque la manifestación unilateral de la administración se fundamentó en hechos que no existieron o que, por lo menos, son diferentes a los expuestos por la administración para retirar del servicio a la demandante. Está debidamente acreditado que los supuestos de retiro de la demandante no fueron ciertos, o, en todo caso fueron desvirtuados e inexactos, configurándose de esta forma la causal de anulación de falsa motivación consagrada en el artículo 84 del C.C.A., al no existir congruencia entre los motivos y la decisión. Como consecuencia de lo anterior, se anulará el acto administrativo demandado y se ordenará el consiguiente restablecimiento del derecho consistente en el pago de los salarios dejados de percibir por parte de la actora, se negará la condena referente al pago de perjuicios morales y materiales

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