27001-23-31-000-2001-1354-01(AC-2082)

LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA – Falta de imputabilidad de la amenaza y vulneración a las personas jurídicas demandadas / DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS – Puede tornarse en un derecho fundamental por conexidad evento en el cual la acción de tutela sería procedente En el caso concreto ni ISA, ni la CREG tienen ningún nexo ni con el Hospital ni con los usuarios del servicio, no son ellas las que tienen vocación jurídica ante la ley para responder de omisiones en la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que implica, jurídicamente, que no están legitimados por pasiva. Ese punto no es nuevo para la Sala pues ya fue estudiado en anteriores oportunidades. Además cabe resaltar que una vez llegaron las decisiones de esta Corporación a la Corte Constitucional fueron seleccionadas y en la revisión de esa Alta Corte se confirmó el criterio del Consejo de Estado: -destacó que de acuerdo con la Constitución Nacional y con el decreto ley 2.591 de 1991 el sujeto pasivo llamado a responder materialmente es (o son) el que amenaza (n) o vulnera (n) los derechos constitucionales fundamentales; y -precisó que no basta demostrarle al juez que hay un derecho fundamental que se está amenazando o vulnerando, pues es necesario además dirigir la demanda contra la persona que está causando la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Tales situaciones jurídicas que enseñan de la falta de imputabilidad de la amenaza y vulneración a las personas jurídicas demandadas conducen a la Sala a no compartir ni la motivación ni la decisión del Tribunal. Si bien el a quo analizó el caso desde el punto de vista del perjuicio irremediable (que hace suponer que el Tribunal entendió que existía otro mecanismo judicial de defensa y que por la inmediatez requerida para la protección de los derechos alegados la tutela era procedente) tal perjuicio tiene que tener una vinculación con los demandados, porque ellos sean los que amenazan o vulneran el derecho fundamental constitucional o por conexión con éste. Las conductas de amenaza o de vulneración tienen que imputarse y probarse respecto del sujeto que por ley está llamado realmente a responder; esas conductas no pueden trasladarse. El derecho de los usuarios a obtener la prestación de un servicio público no es un derecho constitucional fundamental; sin embargo aunque es un derecho colectivo hay veces que puede tornarse en fundamental por conexión – con otro de esta naturaleza – evento en el cual la acción de tutela es procedente cuando se demuestra: -que el demandado es la persona que debe responder, -que los hechos atribuidos de amenaza o vulneración no tienen otro mecanismo de acción, salvo que se trate de perjuicio irremediable, y -que fueron probados. Esto está en perfecta armonía con el precedente constitucional de la Corte Constitucional referente a que cuando se pruebe que los hospitales se vean amenazados en la prestación del servicio para vida humana, siempre y cuando se demande a quien debe responder, podrá ordenarse la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y esto último fue lo que no ocurrió en el caso bajo juicio, pues se demandó a personas que no están encargadas de la prestación de ese servicio. Sentencia 1354(AC-2082) del 02/01/31, Ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ, Actor: PERSONERO MUNICIPAL DE ISTMINIA, Demandado: ISA Y COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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