25000-23-25-000-1996-0943-01(56-98)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REGIMEN PRESTACIONAL / PRIMAS ESPECIALES DE ALTO RIESGO Y VIVIENDA – Solicitud de reconocimiento improcedente / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – Normatividad En este proceso se resuelve la legalidad del oficio DP 390 de noviembre 27 de 1995, con el cual el Procurador General de la Nación le niega al demandante JORGE VALENCIA ROMÁN, el reconocimiento y pago de las primas especiales de alto riesgo y de vivienda de que tratan los Dctos. Núm. 2496 y 2497 de diciembre 14 de 1993. El A-quo en la sentencia apelada declaró probada la excepción de caducidad y esta decisión es la apelada, por lo que se debe resolver este recurso. La conciliación pre-judicial del caso de autos se realizó antes de la expedición de la Ley 446 de 1998, por lo que le eran aplicables las normas reguladoras de la misma, vigentes a la época de los hechos. Como no se encuentra normatividad que “suspenda” la aplicación de las normas precitadas relacionadas con el fenómeno de la suspensión de la acción contencioso administrativa, por el término mencionado, mientras se adelantaba la conciliación prejudicial, se pasa a contabilizar -en el caso concreto- los hechos para establecer como corrió la caducidad de la acción en ese evento. Como la Parte Actora tuvo conocimiento válido de la actuación administrativa demandada el 29 de noviembre de 1995, al día siguiente comenzó a correr el término de caducidad de 4 meses que vencía en marzo 29 de 1996. Ahora, cuando ya habían transcurrido 14 días calendario de este término, el demandante solicitó el 13 de diciembre de 1995 la conciliación prejudicial, con la consiguiente suspensión del mismo. Dicho trámite conciliatorio se cerró el 29 de enero de 1996, al día siguiente volvió a correr el término para la caducidad de la acción ( 4 meses o sea 120 días) cuando la ley autoriza hasta 60 días. Entonces, ya habían transcurrido 14 días y sólo faltaban 106, una vez reanudado el término para su vencimiento el 14 de mayo de 1996. Pero, como la demanda se presentó en mayo 13 de 1996 y para ese momento la acción no había caducado. Por ello, se revocará la decisión inhibitoria por caducidad para entrar a juzgar de fondo la controversia. Y en cuanto a las prestaciones demandadas, la Sala dirá que en efecto el Gobierno Nacional debidamente facultado por medio de los Dctos. 2496 y 2497 de diciembre 14 de 1993 creó sendas primas especiales denominadas de riesgo y de vivienda, para todos aquellos miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, que presten sus servicios en áreas donde se hayan desarrollado con éxito, a juicio del Ministro de Defensa y del respectivo Jefe del Organismo, operaciones especiales de alto riego para restablecer el orden público. Ahora bien, de conformidad con el inciso primero de los artículo 1º de los comentados Dctos 2496 y 2497, para que se tenga derecho a las prebendas prestacionales que allí se señalan es requisito “sine quam non”, que al expedirse dichos decretos el funcionario respectivo esté prestando el servicio en esas áreas, que el Ministro de Defensa Nacional conceptúe sobre el alto riesgo que implica el restablecimiento del orden público en ellas y que sus méritos en el restablecimiento de ese orden público sean excepcionales. Lo primero que la Corporación advierte es que los comentados decretos, rigen a partir de la fecha de su publicación, sin que por tanto tengan efectos retroactivos frente a las referidas prestaciones que en ellos se establece. En el sub-lite conforme a la constancia del 15 de diciembre de 1994 suscrita por el Procurador Delegado del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, se observa que el demandante Jorge Valencia Román estuvo asignado como Agente del Ministerio Público ante el Cuerpo Especial Armado “C.E.A.” de la ciudad de Medellín, con Base en la Escuela de Carabineros “CARLOS HOLGUIN” entre el 10 al 29 de marzo de 1993. Como los decretos creadores de las primas discutidas entraron en vigencia en dic. 14 de 1993, es claro que no podían regir situaciones anteriores a su existencia, más cuando así no lo dispuso la normatividad, ya que ella conforme a sus disposiciones rige al futuro. De esa

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