25000-23-24-000-1999-0758-01(7912)

INFRACCION CAMBIARIA – La imposición de sanciones requiere comprobación del daño al Estado / ERRORES DE INFORMACIÓN – Proporcionalidad de la sanción al daño al Estado: sin daño no hay sanción La imposición de sanciones requiere comprobación del daño. Se apoya el actor en la sentencia C-160 de 1998 de la Corte Constitucional para afirmar que no puede imponerse una sanción mientras no se haya comprobado que el Estado ha recibido un daño. El texto pertinente de la citada sentencia es el siguiente: “Los principios del derecho penal no son aplicables en su totalidad a la potestad sancionadora de la administración, específicamente, en materia tributaria. La información que está obligado a suministrar el contribuyente y otras personas y entidades, está prevista en los artículos correspondientes del Estatuto Tributario, y otras leyes. No todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por tanto, las sanciones que imponga la administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción. La carga de la prueba, en general, la tiene la administración. Pero si existió mala fe por parte del administrado al suministrar un dato erróneo, o una información que no correspondía a la solicitada, la carga de la prueba se trasladará a éste, quien deberá demostrar que no existió mala fe, y que del error suministrado, no se generó para él un beneficio no establecido en la ley, o daño a un tercero. Por tanto, la aplicación del principio de la buena fe, en los términos del artículo 83 de la Constitución, no es de carácter absoluto en esta materia”. (Cfr.Corte Constitucional. Sentencia C-160 de 1998). En el mismo sentido el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en fallo del 10 de julio de 2002, Radicación 12421, expresó: “ En cuanto al primer punto destaca la Sala que los anotados criterios, como lo definió la Corte Constitucional en su sentencia, apuntan a clarificar que solo los errores en la información que causan un daño al Estado son susceptibles de sanción a diferencia de aquellos que son inocuos, vale decir, que lo determinante no es el error per se sino que tenga la entidad suficiente para dificultar o obstaculizar la labor fiscalizadora propia de la Administración o que afecte intereses de terceros, caso en el cual, el error trasciende de su apreciación puramente objetiva al reproche particularizado en el detrimento que ocasiona, bien al Estado o al tercero”. INFRACION CAMBIARIA – Omisión de registro de financiación de importaciones / GRADUACION DE LA SANCION CAMBIARIA – Inaplicación de elementos subjetivos / RESPONSABILIDAD OBJETIVA – Aplicación en infracciones cambiarias La Resolución Externa 21 de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República y que modificó el inciso 2 del artículo 10 de la Resolución Externa 21 de 1993, estableció que a partir del 18 de agosto de 1995, la financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses contados a partir de la fecha del conocimiento de embarque o guía aérea, debían registrarse dentro de dicho plazo. La empresa accionante admite que no cumplió con este requisito justificándose en el hecho de que los equipos recibidos en importación presentaron algunos problemas técnicos, circunstancia que no la eximía del cumplimiento de su obligación tributaria. No obstante, la DIAN, al aplicar la multa impuesta, tasó la sanción en un 3.64% del monto de la infracción cambiaria, cuando el Decreto 1746 de 1991 dispone que las personas naturales o jurídicas que no sean intermediarios del mercado cambiario y que infrinjan el Régimen Cambiario, serán sancionadas con la imposición de multas a favor del Tesoro Nacional hasta por el 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada, la cual se graduará atendiendo las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción.

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