13001-23-31-000-2000-9004-01(AP-342)

ACCIÓN POPULAR – Procedencia frente a acto administrativo para proteger intereses colectivos / ACTO ADMINISTRATIVO – Procedencia de la acción popular para proteger intereses colectivos Mediante el ejercicio de la acción popular pueden ponerse en entredicho todas las manifestaciones de la autoridad, una de las cuales quizá la que más la distingue es el acto administrativo, cuando son tales manifestaciones causa eficiente de la vulneración del derecho, su instrumento apropiado, y de ese antecedente nacen las consecuencias lógicas de disponer el juez de la facultad de suspender, revocar o desconocer los hechos, actos, acciones u omisiones oficiales para conjurar el daño inminente, para evitar mayores perjuicios o para devolver las cosas a su “statu quo” en cuanto fuere posible. Por consiguiente, todos los actos de la administración, cuya validez sea discutible dentro del juicio que se adelante por el ejercicio de la acción popular, están expuestos a ser desaforados de la presunción de legalidad que los venga amparando, en caso de que hayan servido de instrumento para facilitar o justificar conductas de la autoridad que lesionen o pongan en peligro intereses colectivos. ACCIÓN POPULAR – Objetivo. Carácter preventivo y restitutorio Las acciones populares son preventivas, en general se deben anticipar a la materialización de los hechos, pues la acción de evitar el daño contingente o de hacer cesar el peligro, así las distinguen; pero, también, es restitutoria en la medida en que se extiende a los resultados nocivos del acto realizado, para exigir que se repare el agravio, para que las cosas vuelvan a su estado anterior en cuanto fuere posible, como mandan los artículos segundo y treinta y cuatro de la ley 472 de 1998. La acción en este caso, entonces, no se ha extinguido, pues es físicamente posible reintegrar al Ministerio de Educación los recursos que giró al Distrito de Cartagena de Indias por incumplimiento del convenio firmado entre las dos entidades. ACCIÓN POPULAR – Reconocimiento de incentivo con fundamento en vulneración de moralidad administrativa: requisitos / MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Requisitos para que proceda aumento de incentivo a favor de accionante / INCENTIVO – Su reconocimiento con fundamento en vulneración de la moralidad administrativa requiere la recuperación del dinero La condición que falla en este caso, para negarle la razón al actor, consiste en que no se ha recuperado el dinero recibido por el Distrito de Cartagena de Indias, que hasta este momento se presume ha ido a parar en manos de los particulares, a incrementar ilícitamente patrimonios privados, vale decir, que hay unos recursos oficiales extraviados, de los cuales podría participar el actor, en el porcentaje del quince por ciento, siempre y cuando hubieran sido recuperados. Eso es lo que quiere decir, como lo ha venido entendiendo el Consejo de Estado en los casos citados por el recurrente, la expresión “del valor que recupere la entidad pública en razón de la acción popular”, porque es al patrimonio de la entidad pública afectada, en este caso el Distrito de Cartagena de Indias, al cual se refiere el legislador, porque esa entidad pública es la que termina soportando el perjuicio. NOTA DE RELATORÍA: Sentencia AP-163 de 6 de septiembre de 2001, Sección Tercera. ACCIÓN POPULAR – Procedencia. Ministerio de Educación contra Distrito de Cartagena. Violación de derecho a la moralidad administrativa / MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Violación. Desviación de recursos. Orden de reintegro:

Solo los clientes que compraron los siguientes productos: Membresía por un (1) año al Colegio de Abogados Administrativistas para Estudiantes, Membresía por un (1) año al Colegio de Abogados Administrativistas para Profesionales pueden acceder a este contenido.