13001-23-31-000-1993-9141-01(13269)

RESTITUCION DE INMUEBLE – Ejecución ilegal y abusiva de los actos administrativos constituye una clara vía de hecho. Desalojo y demolición de inmueble diferente / PERJUICIOS MATERIALES Mediante Resolución 559 de 1990 el Alcalde Mayor de Cartagena ordenó la restitución de la “zona de Uso Público, Zona Verde Municipal, localizada en el Barrio Los Calamares, Manzanas 24 y 26 de esta ciudad, ocupada por una vivienda familia. En la misma decisión ordenó a los señores FRANCISCO MARIMON JULIO Y ALBERTO TATIS restituir el inmueble dentro de los diez días siguientes contados a partir de la ejecutoria de la decisión, porque, en caso contrario se haría efectiva la decisión con el concurso de la fuerza pública. Esta decisión, fue confirmada mediante Resolución 1357 del 28 de noviembre de 1990. Dentro del trámite policivo se produjo el desalojo de la vivienda. En esa oportunidad, el Inspector no identificó el inmueble por sus linderos, practicó ligeramente la diligencia de desalojo y a continuación, rechazó la oposición propuesta por el señor FRANCISCO CARBALLO PEÑARANDO quien alegó y presentó la documentación respectiva para demostrar la propiedad del inmueble. Curiosamente el funcionario administrativo, rechazó la oposición, con el simple argumento que había precluído la oportunidad procesal para hacerlo. Resulta claro para la Sala que el perjuicio no deviene de la expedición de los actos administrativos señalados, sino de la ejecución ilegal y abusiva del mismo que constituye una clara vía de hecho. El origen del perjuicio no provino de la expedición de los mismos, aún, la decisión podía estar conforme con el ordenamiento superior. Sin embargo, la administración representada por el Inspector de Policía de la Comuna No. 20 en el intento por ejecutar la orden dada por la Alcaldía, no solo procedió a lanzar a los moradores de un inmueble ajeno al trámite policivo, sino que procedió a llevar a cabo la demolición del mismo. Esta clara vía de hecho, originada en la actuación del Inspector de Policía constituye la causa del daño, quien irresponsable y ligeramente no dio curso a la oposición presentada en la diligencia por el señor CARBALLO. En esta circunstancia, el demandante a partir de entonces, en ejercicio de la acción de reparación directa, estaba legitimado para hacer efectivo su derecho reclamado. Para la Sala, la prueba documental, en especial el dictamen pericial y los planos urbanísticos, muestran que la edificación señalada por el demandante como de su propiedad, no es la misma que fue objeto de la orden de restitución, esta última estaba ubicada dentro de una zona deportiva, zona verde No. 12 y Zona Institucional B del plano aprobado para la construcción de la Urbanización los Calamares y la destruida en el Barrio la Campiña. No obstante, la cercanía de ambos inmuebles, el Inspector de Policía ni siquiera se ocupó en verificar la correspondencia de los linderos o la ubicación; la casa de habitación del propiedad del actor, se situaba en el barrio la Campiña y el otro inmueble en la Urbanización Los calamares. La actuación del inspector dirigida a dar cumplimiento a la decisión de la Alcaldía y restituir el bien que en su sentir era de uso público, desconoció los derechos fundamentales del actor, violó todas las reglas sobre la materia, en especial no dio cumplimiento a los términos de la comisión impartida y en una grave falta terminó por practicar la diligencia sobre un inmueble diferente. Esta flagrante vía de hecho ocasionó un daño antijurídico claramente imputable al Distrito de Cartagena, entidad que deberá reparar en su integridad el daño causado.

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