11001-03-27-000-2001-0334-01(12730)

INTERESES MORATORIOS POR PAGOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2001 – La norma reglamentaria perdió fuerza ejecutoria al haber sido declarada inexequible la norma que lo reglamentaba / SITUACIONES NO CONSOLIDADAS – No pueden ampararse en un precepto contrario a la Constitución / PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA – Se presenta cuando como en el sub lite la norma que era el fundamento de derecho de la norma demandada fue declarada inexequible / AMNISTIA TRIBUTARIA – Vulneración del derecho a la igualdad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Por inexequibilidad de la norma que le daba sustento / SITUACION CONSOLIDADA – No es revisable: intangibilidad En el presente caso, a la temporalidad de la norma reglamentada, se unió otra circunstancia que implicó la pérdida de fuerza ejecutoria de los artículos 1° y 2° del Decreto 300 de 2001, pues el artículo 100 de la Ley 633 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta providencia, la Corte reiterando el criterio expuesto en Sentencias anteriores, consideró que el artículo 100 de la ley 633 de 2000 contenía una amnistía que sacrificó el derecho a la igualdad injustificadamente. En opinión de esa Corporación, la norma estableció un beneficio tributario exclusivo para un grupo, dentro del universo de todos los contribuyentes, con fundamento en su situación de incumplimiento, criterio que ha considerado inaceptable. Sin embargo, al declarar la inexequibilidad de la norma, la Corte Constitucional expresamente dispuso que, por respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio de buena fe, los efectos de la decisión sólo rigen hacia el futuro. Por tanto, las situaciones no consolidadas quedan sujetas a la inconstitucionalidad declarada. Ahora bien, es claro que los apartes del Decreto 300 de 2001, reglamentarios de la norma declarada inexequible, corren la misma suerte, esto es, son contrarios a derecho en virtud de la declaratoria hecha por la Corte Constitucional del artículo 100 de la Ley 633 de 2000, respetando las situaciones jurídicas consolidadas, conforme lo ordenó la Sentencia comentada. Esta circunstancia, surgida con posterioridad a la presentación de la demanda, hace que no sea procedente que el Consejo de Estado estudie la legalidad de los apartes demandados de los artículos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001, toda vez que las situaciones jurídicas que se consolidaron en vigencia de la norma no son susceptibles de ser revisadas, y aquellas circunstancias que se encuentren sub-judice en este momento, no pueden ampararse en una norma contraria a la Constitución Política. La Sala concluye entonces que, desde la Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, los artículos 1° y 2° del Decreto 300 de 2001 han decaído y perdido su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento de derecho que lo sustentaba, de conformidad con el numeral 2° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejera ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-27-000-2001-0334-01(12730)

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