11001-03-25-000-2002-0067-01(804-00)

FACULTAD NOMINADORA – Anula norma que limitaba esta facultad para algunos cargos del Estado / ADMINISTRACION PUBLICA – Principios. Finalidad / EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – Facultad nominadora / ESTABLECIMIENTO PUBLICO – Facultad nominadora / EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO – Facultad nominadora / PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – Facultad nominadora / DERECHO A LA IGUALDAD – Vulneración / CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES – Facultad nominadora La administración pública se sostiene en dos directrices que guían su gestión, la eficacia de su actividad y la eficiencia de quienes la tienen a cargo. A su vez, el concepto de eficiencia, se traduce en el logro de sus finalidades mediante una gestión estatal que se logra contando con servidores de óptimas condiciones tanto académicas como éticas. Si así se puede identificar la constitucionalidad de la gestión estatal, necesario es advertir que el derecho al trabajo de los servidores públicos, no siendo absoluto, encuentra su núcleo esencial si ellos satisfacen adecuadamente los fines de eficacia y eficiencia del servicio público que atienden. De lo expuesto se infiere que el normal funcionamiento de la administración pública, que se liga a la función del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa no resulta compatible con una decisión como la acusada, es decir, la de impedir que se provean los empleos con los que cuenta la administración pública para cumplir los objetivos encargados a cada entidad. Si bien los actos generales se presumen expedidos por razones de interés general, no lo es menos que deben contar con antecedentes o pruebas que permitan al juez examinar la legalidad de las razones que justificaron su expedición, pero de estos elementos se carece en este caso. La norma acusada prohibió el ejercicio de la facultad nominadora en los establecimientos públicos, empresas sociales del Estado y empleos públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional. A juicio de esta Sala, tal facultad no podía ser suspendida por un decreto expedido por el Presidente de la República en ejercicio de funciones administrativas, dado que es de menor jerarquía que el acto de creación y, si se trataba de modificar los estatutos de los establecimientos públicos o las empresas industriales y comerciales del Estado, sin duda, se estaría ante un procedimiento irregular puesto que, es sabido, tales modificaciones corresponde proponerlas a la junta directiva de la entidad para someterlas a la respectiva aprobación presidencial. Adicionalmente, tratándose de las empresas sociales del Estado, el artículo 4-17 del decreto 139 de 1996, expedido en desarrollo de la ley 100 de 1993, prevé como función de los gerentes “Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas de administración de personal que rigen para las diferentes categorías de empleos, en sistema general de seguridad social en salud.”, es decir, la designación de estos empleados correspondía a una autoridad distinta del Presidente de la República. Y, en cuanto a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, la ley 99 de 1993 previó:…”. El Presidente de la República, mediante el decreto No. 1768 de 1994, en desarrollo de las facultades previstas en el literal h) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993 dispuso:…”. Así entonces, estas Corporaciones no pueden considerarse agentes del gobierno nacional, como lo afirma una de las entidades demandadas, solo relacionadas con él y con los demás órdenes territoriales; además, se les aplican las normas propias de los entes descentralizados, es decir, la facultad nominadora será la prevista en la ley o en sus estatutos, y en el caso de estas entidades la ley de creación le confirió tal función al gerente. Se concluye, entonces, que está vedado al Presidente de la República, mediante un decreto ordinario, limitar la facultad nominadora, modificando la ley. La facultad nominadora está determinada en las normas que regulan la existencia de los órganos del Estado y, para el caso del Presidente de la República ella se contrae

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