11001-03-24-000-1999-5802-01(5802)

ACUERDOS DE PAZ – Decisiones indelegables de alta política reservadas al fuero presidencial / ZONA DE DISTENSIÓN – Delimitación como instrumento transitorio de solución del conflicto / DESMILITARIZACION DE LA ZONA DE DISTENSIÓN – Fundamento constitucional / FUERZA PUBLICA – Función y objetivos / ZONA DE DISTENSIÓN – Límites temporales / CONTROL CONSTITUCIONAL ABSTRACTO – Su objeto es la ley en sentido material NOTA DE RELATORIA: Reitera sentencia de la Corte Constitucional C-048/01 en relación con el art. 48 de la ley 418 de 1997. PAZ – Valor, derecho y deber / FARC – Reconocimiento de carácter político / PAZ – No requiere reglamentación para su aplicación A los efectos de este examen, resulta pertinente tener en mente que la Constitución de 1991 concibe la paz como un valor de la sociedad, fundamento del Estado y de los derechos humanos (Preámbulo); y como un derecho y un deber que se erige en fin esencial que irradia el ordenamiento jurídico y que orienta la acción de las autoridades públicas (artículos 2º. y 22). Contrariamente a lo afirmado por los actores, de la lectura de la Ley 418 de 1997 resulta palmario que el reconocimiento del carácter político que en la Resolución cuestionada el Presidente de la República hizo a las FARC tiene pleno sustento en el artículo 189, numeral 3º C.P. y en el ya transcrito artículo 8º de la Ley 418, por lo que este cargo carece de fundamento. Tampoco encuentra la Sala fundamento constitucional o legal que respalde la tesis según la cual las normas constitucionales que proclaman la paz y la convivencia pacífica como postulados esenciales de la acción de las autoridades en la Constitución Política de 1991 y las Leyes que contemplan mecanismos e instrumentos tendientes a crear las condiciones en que puedan adelantarse las negociaciones de paz con los grupos insurgentes, de modo que se obtenga el restablecimiento del orden público y la reconciliación entre los colombianos, son inaplicables hasta tanto sean reglamentadas. La Sala considera que de admitirse esta tesis, el Reglamento prevalecería sobre las disposiciones constitucionales y legales que, bien es sabido, son jerárquicamente superiores. Síguese, entonces, que este argumento debe desestimarse, pues desde el punto de vista lógico resulta inadmisible, ya que es contrario a la supremacía de la Constitución y de la Ley con relación al Reglamento. FUENTE FORMAL: LEY 418 DE 1997; CONSTITUCION POLITICA ARTICULO 189-3 FARC – Carácter político por tener como objetivo la toma del poder legítimo / CARACTER POLITICO DE ORGANIZACION ARMADA AL MARGEN DE LA LEY – Su reconocimiento no equivale a erigirla en partido o movimiento político / PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO – Requisitos disímiles frente a organizaciones armadas al margen de la ley / CONTROL DE LEGALIDAD – No examina situaciones de hechos sobrevinientes El carácter político de una organización armada al margen de la ley deviene de que tenga por objetivo la toma del poder, y este carácter fue reconocido por el Gobierno Nacional a la organización armada FARC, en aplicación de la facultad que le otorgó el artículo 8°, literales a) y b), de la Ley 418. La sindicación por delitos comunes y violaciones al Derecho Internacional Humanitario a tal organización, implicaría la responsabilidad penal y civil de sus autores, pero no priva a aquella de su carácter político, que deriva, ya se dijo, de su objetivo de conquistar el poder rebelándose contra las autoridades legítimas. La Sala debe resaltar que el examen que le compete realizar acerca de la legalidad de los actos acusados, debe limitarse a confrontarlos con la normativa vigente al tiempo de su expedición, y no puede recaer sobre situaciones de hecho sobrevinientes. No encuentra la Sala que se haya violado el artículo 40 de la Constitución, pues el reconocimiento de carácter político a una organización armada al margen de la ley no equivale a erigirla en partido o movimiento político, los cuales se encuentran definidos y reglamentados específicamente por la ley. Mal podría, entonces, condicionarse dicho reconocimiento a que la respectiva organización armada cumpliera los requisitos previstos para partidos y movimientos en el artículo 108 ibídem, o a su aprobación por el Consejo Nacional Electoral, siendo, como son, aquella y estos, formaciones u organizaciones disímiles en cuanto a su naturaleza, origen, y situación respecto del Estado de Derecho.

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