08001-23-31-000-1990-6032-01(1511-99)

DESTITUCION MEDIANTE PROCESO DISCIPLINARIO – Procedencia por irregularidades en la interventoría de contratos / PLIEGO DE CARGOS – Contenido / INTERVENTOR – Funciones Advierte la Sala que los numerales en los que se contempla como falta que da lugar a la destitución “Falsificar documento público que pueda servir de prueba, consignar en ellos una falsedad, u ocultar total o parcialmente la verdad”, citados como fundamento de la sanción impuesta al demandante, no fueron invocados como infringidos en el pliego de cargos, por lo tanto la destitución de aquél no podía sustentarse en ellos, toda vez que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 31 del Decreto 482 de 1985, dicho pliego debe contener, entre otros aspectos, la “Cita de las disposiciones legales presuntamente infringidas con los hechos o actos investigados”. Como quiera que de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 13 de 1984 los empleados que incumplan los deberes consagrados en el ordenamiento jurídico, entre los que se encuentran los inherentes a su empleo, serán objeto de las sanciones disciplinarias consagradas en su Artículo 15, y habida consideración que dentro de los deberes del interventor de un contrato, según voces del Artículo 120 del Decreto 222 de 1983, se halla el de verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas, se tiene que, en su condición de tal respecto de las órdenes de trabajo Nos. 420, 427 y 438, el señor ACUÑA LLANES no podía suscribir las actas de entrega de esas obras sin que se hubieran ejecutado, sin embargo así lo hizo, pues según él mismo lo reconoce para el 22 de febrero de 1990, fecha en que los funcionarios de la Oficina de Auditoría Interna practicaron la visita que dio lugar a la iniciación del proceso disciplinario que finiquitó con los actos enjuiciados, las mismas no se habían realizado, es más ni siquiera se habían iniciado. Como la conducta irregular a que se ha hecho alusión se encuentra subsumida en una de las normas citadas en el pliego de cargos como probablemente infringidas por el demandante -Artículo 6º del Decreto 2400 de 1968 que establece que es deber de los funcionarios desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo-, no es de recibo la impugnación que hacen los recurrentes al acto enjuiciado y que aseguran determina la viabilidad de infirmarlo, basada en que a la conducta irregular por la cual se le sancionó se le atribuyó una tipicidad que era imposible que le correspondiera, porque tales disposiciones se referían a faltas en las que únicamente podía incurrir quien celebraba, tramitaba o liquidaba los contratos, y él, como interventor, no tenía asignada esas funciones. El hecho de encontrarse acreditado que el señor ACUÑA LLANES incurrió en el incumplimiento de los deberes que tenía como interventor en los contratos a que se refieren las Ordenes de Trabajo Nos. 420, 427 y 438 de 1989, en sí mismo considerado, constituye razón justificativa de la imposición en su contra de la sanción de destitución. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA – SUBSECCION “A” Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PEÑARANDA Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil dos (2002) Radicación número: 08001-23-31-000-1990-6032-01(1511-99) Actor: ORLANDO ACUÑA LLANES

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